La política local se sacudió en las últimas horas tras conocerse la fuga de Elizabeth Alba Cazares, exfuncionaria de la Dirección de Catastro del gobierno morenista de Chimalhuacán, señalada por presunto desvío millonario de recursos públicos.
Desde el inicio de la administración 2022–2024 encabezada por la alcaldesa Xóchitl Flores, se acumularon denuncias contra Alba Cazares por cobros excesivos en impuestos municipales. Vecinos y contribuyentes manifestaron reiteradamente su inconformidad, sin que la edil ni su coordinador político y esposo, Miguel Benito Pérez, tomaran medidas al respecto.
El malestar ciudadano creció cuando la exfuncionaria fue vista recorriendo el municipio en una camioneta de lujo, cuyo costo resultaba incompatible con su salario. Fuentes consultadas aseguran que Alba Cazares mantenía una relación de complicidad con Benito Pérez, a quien entregaba periódicamente ’el buen moche’ para mantener sus operaciones sin contratiempos.
La situación cambió abruptamente cuando trascendió que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) preparaba acciones legales en su contra. Alertada de que la investigación avanzaba, la exdirectora de Catastro abandonó Chimalhuacán precipitadamente, con rumbo desconocido. Versiones extraoficiales indican que habría salido incluso del Estado de México.
De acuerdo con testimonios recabados, la red de corrupción no se limitaba a la oficina de Catastro, sino que también involucraría a funcionarios de Tesorería y del área de adquisiciones.
La fuga de Alba Cazares abre un nuevo capítulo en la crisis política del municipio, donde la exigencia ciudadana por transparencia y rendición de cuentas se intensifica.
