La capital mexiquense vivió una jornada de violencia y caos ayer jueves, cuando un grupo reducido de colectivos radicales encapuchados desató una serie de actos vandálicos durante la marcha conmemorativa por el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Los hechos ocurrieron en pleno centro histórico de Toluca, justo cuando el contingente llegó a la esquina de Hidalgo y Juárez, en inmediaciones de la Feria del Alfeñique.
Armados con piedras, petardos, palos, tubos y martillos, los manifestantes agredieron a policías municipales y servidores públicos del Ayuntamiento que intentaban contener el avance hacia zonas comerciales. Los disturbios incluyeron la destrucción de un Starbucks, un banco, pintas en edificios públicos y la quema de una patrulla en las calles de Gómez Farías y Rayón, a un costado del edificio de Rectoría, antigua sede del Instituto Científico y Literario de Toluca (ICLA).
A pesar de la gravedad de los hechos, cinco personas detenidas por agresiones y daños a propiedad pública y privada fueron liberadas horas después. Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá la responsabilidad por los daños causados, lo que ha generado indignación entre empresarios locales que han invertido en la ciudad y contribuyen a la generación de empleo.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), encabezada por Víctor Leopoldo Delgado Pérez —recientemente designado por mayoría en el Congreso local— emitió un escueto comunicado en redes sociales, en el que anunció la apertura de la investigación de oficio CODHEM/TOL/441/2025 por posibles violaciones a los derechos humanos de manifestantes.
El tono del comunicado ha sido duramente criticado por su ambigüedad y aparente justificación de actos violentos. Además, ha generado controversia el currículo oficial del nuevo titular, quien afirma haber iniciado sus prácticas profesionales en la CODHEM en 1979 y haber sido visitador en 1978, pese a que la institución fue fundada el 13 de febrero de 1993 bajo la presidencia de la Dra. Mireille Roccatti Velázquez.
Este desliz histórico, junto con el manejo institucional de los hechos del 2 de octubre, ha encendido alarmas sobre la legitimidad, preparación y autonomía del nuevo ombudsperson mexiquense. Diversos sectores señalan que el comunicado parece más un intento de encubrimiento que una defensa de los derechos humanos, y advierten sobre el uso de colectivos radicales como grupos de presión financiados desde instancias gubernamentales.
La falta de apoyo de la policía estatal durante los disturbios, la liberación de los detenidos y el silencio de autoridades estatales han dejado a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre. Empresarios, comerciantes y habitantes del centro histórico exigen respuestas claras y acciones contundentes para garantizar el orden, la legalidad y la reparación de daños.
Mientras tanto, el Estado de Derecho en el Estado de México parece haber sido puesto de rodillas por un grupo minoritario, pero altamente destructivo, que actúa con impunidad bajo el amparo de discursos institucionales que, lejos de condenar la violencia, la diluyen en tecnicismos y omisiones.
