El 24 de abril de 2025, el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) emitió 69 recomendaciones al Estado mexicano, expresando preocupación por 22 temas críticos relacionados con la política y legislación migratoria. Los aspectos destacados incluyen la detención de migrantes, procesos de regularización, protección de la niñez, acceso a educación y salud, registro de nacimiento e identidad, empleo digno, expulsiones, cooperación con Estados Unidos, aumento del uso de Fuerzas Armadas en tareas migratorias, subcontratación de funciones de seguridad, operativos migratorios ilegales y falta de investigación sobre delitos y violaciones a derechos humanos, así como la impunidad en casos de masacres y desapariciones de migrantes.
El comité señala que el Estado mexicano no ha tomado las medidas necesarias para proteger a las personas en contextos de movilidad, y critica la creciente militarización de la política migratoria. También menciona el uso de operativos de revisión migratoria basados en prejuicios raciales en lugares no destinados al tránsito internacional, como autobuses y carreteras, lo que contraviene decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, se expresan preocupaciones sobre las restricciones impuestas a las organizaciones para monitorear en aeropuertos y otros lugares.
Se destaca el uso de la detención migratoria como práctica común y se piden medidas para acabar con la detención de niños y adolescentes migrantes, así como para asegurar que se les entregue la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias sin discriminación. En el numeral 31, el CMW menciona la falta de responsabilidad de altas autoridades, como el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, en incidentes graves como el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023. El Comité demanda una investigación exhaustiva sobre ese evento y sobre las condiciones de detención.
El Comité también insta a garantizar la protección de las personas en sectores con alta participación laboral y empleo informal, eliminando obstáculos administrativos para que puedan vivir dignamente y acceder a información sobre sus derechos laborales.
Por último, el CMW solicita al Estado mexicano que para el 01 de mayo de 2027 presente información sobre la implementación de las recomendaciones relacionadas con la gestión de fronteras, protección de migrantes, privación de libertad y cooperación con Estados Unidos. Se establecerá un próximo informe periódico en mayo de 2030.
Las organizaciones de la sociedad civil piden al gobierno mexicano que asuma su responsabilidad en cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, implementando las recomendaciones del Comité para crear una política migratoria centrada en los derechos humanos. Para lograr esto, es esencial que participen todas las instancias gubernamentales, la sociedad civil, la academia y las agencias de Naciones Unidas, así como las personas en movimiento, para que estas recomendaciones se conviertan en acciones concretas y sostenibles en políticas públicas.
