Carta abierta - Presidente, Andrés Manuel López Obrador Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. - Álvaro Obregón - informativonacional.com.mx

Carta abierta


Presidente, Andrés Manuel López Obrador

Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón

Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.

Carta abierta

Derechos Humanos

Agosto 14, 2021 14:24 hrs.
Derechos Humanos Nacional › México Ciudad de México
Comunicado › Informativo Nacional

PRESENTES

Ciudad de México, 13 de agosto de 2021.- Las organizaciones, redes de organizaciones y personas firmantes llamamos a la congruencia entre el discurso y las acciones para garantizar una migración segura y regular. Con gran preocupación hemos visto el apoyo que el gobierno mexicano ha dado a diversas acciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración que lejos de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo, las coloca en situaciones de peligro y las obliga a recurrir a rutas más sórdidas e inflar las arcas de los traficantes.

La más reciente colaboración son los vuelos desde Estados Unidos a diversos estados del centro y sur del país para que las personas expulsadas de territorio estadounidense, bajo su política Título 42, sean llevadas posteriormente por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, vía terrestre, a la frontera con Guatemala, abandonándoles a su suerte sin ningún procedimiento legal ni la posibilidad de buscar asilo en México. En los últimos 8 días se han registrado más de 6 vuelos a Tabasco, Chiapas, Morelia, Guadalajara y la Ciudad de México con entre 200 y 300 personas por vuelo.

Sabemos que su gobierno aceptó participar en la implementación del Título 42 desde el 21 de marzo de 2020, sólo un día después de que el gobierno estadounidense la anunció, y que se comprometió a recibir 100 personas expulsadas al día provenientes de países centroamericanos, con excepción de aquella población vulnerable a la COVID-19, como mujeres embarazadas, niñez y adolescencia. No obstante, hemos documentado como en los vuelos hay un porcentaje importante de estas poblaciones así como de nacionalidades diferentes a las comprometidas.

Los testimonios de las personas que han sido expulsadas desde Estados Unidos a México han narrado como al bajar del avión son llevadas por el INM a la frontera con Guatemala para que crucen, sin que se les informe de su derecho a solicitar asilo en México o a regularizar su situación migratoria, además de no contar con ningún documento que muestre que son expulsadas por el gobierno estadounidense. Tampoco hay intervenciones de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar su interés superior como está establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El día de ayer, 12 de agosto, el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló en conferencia de prensa que la estrategia de enviar a las personas en vuelos a diferentes estados de México es ’para que sea más difícil para las personas volver a intentar cruzar a Estados Unidos’, una declaración alarmante pues no sólo coloca en su gobierno la responsabilidad de proteger la vida de esa población, sino que lo hace cómplice de las violaciones del derecho al asilo, del principio de no devolución y acepta la externalización de la frontera del gobierno estadounidense. Estamos convencidas que su gobierno no quiere esa carga y que desde nuestra soberanía podemos construir mejores alternativas en materia migratoria y de asilo.

Como sociedad civil nos rehusamos a creer que su gobierno ve con buenos ojos que se regrese al peligro a la niñez y las familias que buscan protección en Estados Unidos, o que avale la violación de derechos o acciones que van en contra de nuestra Constitución y demás legislaciones sobre migración y asilo, nuestros compromisos internacionales y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que el Estado mexicano ha impulsado.

Su gobierno ha demostrado que puede rectificar, por lo que no podemos repetir lo sucedido con más de 72 mil personas regresadas a México bajo el Protocolo ’Quédate en México’ o MPP, vigente de enero de 2019 a enero de 2021, que colocó a esas personas como carne de cañón de secuestros, extorsiones, abusos de autoridad, violaciones de derechos, condiciones precarias de vida, y la muerte. Aunque su gobierno participó plenamente en esa política, no podemos repetir los mismos errores y volver a permitir incalculables impactos en la salud física y emocional de quienes huyen de su país para salvar su vida.

Como lo hemos expresado en diferentes comunicaciones a su gobierno, cualquier política o acción encaminada a frenar la migración está destinada al fracaso porque las razones que empujan a las personas a salir de sus países siguen vigentes y la pandemia las agudizó. Sabemos que su gobierno ha implementado esfuerzos para combatir de fondo las causas de la migración, sin embargo, es una acción a mediano y largo plazo, mientras que en el corto plazo las personas siguen huyendo de su país para salvaguardar su vida y necesitan acciones que las protejan y no que las regresen a sitios inseguros o que las obliguen a contratar a traficantes en su desesperación por salvar su vida y las de sus familias.

Estamos convencidas que como país, que su gobierno, puede hacerlo mejor si trabajamos en coordinación y dejamos de participar en acciones binacionales que no garantizan la protección de la vida y la seguridad de las personas migrantes y solicitantes de asilo, mucho menos su acceso a información para regularizar su situación migratoria, su derecho al asilo, su derecho de no devolución y el acceso a la justicia y el debido proceso. Conocemos el compromiso de su gobierno para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, y la población migrante no puede ni debe ser la excepción.

Este llamado es a replantear su participación en acciones contrarias a nuestra Constitución, llamado que también han realizado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otras agencia de la ONU y organizaciones de la sociedad civil que llevan una semana monitoreando los vuelos y la devolución en cadena.

Como sociedad civil nos comprometemos a sentarnos para buscar mejores alternativas a las necesidades de protección de las personas sin que eso implique participar de acciones como Título 42 o cualquier otra parecida a lo que fue el Protocolo ’Quédate en México’.

ATENTAMENTE

Organizaciones y Redes de organizaciones de la sociedad civil


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