En el marco del Operativo Enjambre, fuerzas federales detuvieron al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión, corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado. La captura se realizó la madrugada de este jueves en un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Junto al alcalde fueron detenidos tres integrantes de su administración, José Luis Hernández, director de Seguridad Pública, María Fernanda Gómez, titular de Catastro y Predial y Ricardo Sánchez, director de Obras Públicas.
Las detenciones se derivan de denuncias ciudadanas que señalaban prácticas sistemáticas de extorsión y corrupción dentro del gobierno municipal.
El Operativo Enjambre forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que busca desarticular redes de complicidad entre autoridades locales y grupos criminales.
De manera simultánea, fueron detenidos también tres presidentes municipales del Estado de México, lo que evidencia la magnitud del operativo y la intención de aplicar la ley de manera transversal en distintos estados de la República.
La detención del alcalde y parte de su gabinete genera un vacío político que deberá ser atendido por el Congreso de Jalisco y el gobierno estatal mediante un nombramiento interino.
Tequila, reconocido internacionalmente por su valor cultural y turístico, enfrenta un golpe a su imagen institucional que podría repercutir en la confianza ciudadana y en la actividad económica local.
El operativo envía una señal clara de que la lucha contra la corrupción y la extorsión se está aplicando sin distinción de partidos ni regiones.
La SSPC informó que los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde enfrentarán procesos judiciales por los delitos de extorsión, corrupción y delincuencia organizada. La dependencia aseguró que se garantizará el debido proceso y que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades.
