En un operativo conjunto entre autoridades federales y capitalinas, fueron detenidas 13 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El crimen, ocurrido el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, conmocionó al entorno político de la capital por el perfil de las víctimas y el nivel de planeación detrás del ataque.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, tres de los detenidos están identificados como autores materiales del doble homicidio, mientras que los diez restantes habrían participado en tareas de logística, vigilancia y apoyo operativo. El ataque fue ejecutado con precisión: se realizaron 12 disparos con arma calibre 9 mm, y el agresor huyó en motocicleta con placas de Querétaro, abandonada minutos después en calles cercanas.
Las investigaciones revelan que se utilizaron vehículos robados y que hubo vigilancia previa del lugar, lo que apunta a una operación cuidadosamente planeada. Además, se confirmó que el crimen no fue producto de un robo, sino un ataque directo.
El operativo de captura se desplegó en Estado de México, Querétaro, Morelos y Guerrero, con participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sedena y Marina. Hasta el momento, las autoridades no han revelado los nombres ni los cargos específicos de los detenidos, aunque se espera que en la conferencia de prensa programada para esta tarde, encabezada por Bertha Alcalde Luján y Omar García Harfuch, se den a conocer más detalles sobre los perfiles de los implicados.
Este caso ha encendido las alarmas en el gobierno capitalino, no solo por el nivel de violencia, sino por el posible trasfondo político del crimen. Guzmán, socióloga con trayectoria en la administración pública, fue secretaria particular de Brugada desde su gestión en Iztapalapa, mientras que Muñoz se desempeñaba como asesor en el gobierno local.
La jefa de Gobierno ha exigido justicia y transparencia en el proceso, mientras diversos sectores sociales y políticos piden esclarecer si existe alguna motivación institucional o política detrás del atentado.
