A través de sus redes sociales, el actual gobernador de la entidad, Samuel García, mencionó que bajo la administración de Jaime Rodríguez Calderón se realizaron actos de corrupción.
En ellos, hechos relacionados a las ’Broncofirmas’ (requisitos del INE para validar su registro como candidato independiente para las elecciones presidenciales de 2018), desvíos de recursos públicos, humanos y materiales.
’Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron dinero de Nuevo León a su campaña. Y aquí ya empezamos’, escribió en redes sociales hace unos momentos Samuel García.
Público en Twitter ’Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos’.
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Desde que empezó su administración, Samuel García denunció actividades inusuales realizadas por el anterior gobierno. Asimismo, desde hace algunos meses le dio seguimiento a algunos funcionarios y personas de confianza de ’El Bronco’.
Recordemos que Samuel Calderón interpuso una denuncia en julio de 2018, cuando todavía era senador.
Justo al momento de la detención de "El Bronco", el actual gobernador señaló que ’quien la hizo la paga’. Aseguró que quién robó o desvió recursos públicos a sus allegados, o a campañas, van a ir a la cárcel, porque dijo, ya es suficiente de que saqueen recursos del estado y dejen mal parado a los habitantes que confiaron en ellos.
En las próximas horas, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León ofrecerá una conferencia de prensa, con el objetivo de resolver dudas y ampliar la información sobre el asunto.
Cabe mencionar que recientemente, después de detectar presuntas operaciones simuladas y triangulación de recursos públicos, la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de NL congeló cuentas de dos exfuncionarios durante el mandato de ’El Bronco’.
¿Qué son las ’Bronco-firmas’?
El exgobernador de Nuevo León es señalado de recabar firmas cuando era candidato presidencial. El excandidato debía cumplir con 850 mil firmas a nivel nacional. Según el actual gobernador, se utilizaron cerca de 600 servidores públicos para recopilar las firmas necesarias
