La democracia no se concibe sin la obligación de los gobernantes de rendir cuentas de su mandato, aseguró el diputado local de Morena, Max Correa Hernández, al referir que las y los mexiquenses son conscientes de que tienen el derecho a ejercer una vigilancia del ejercicio del poder público, pues los beneficios de esto son evidentes, por ello consideró imperativo reglamentar, que las y los legisladores que integran el Congreso Local, informen de manera eficaz, puntual, veraz y responsable, las acciones de su gestión cada año a la ciudadanía.
El diputado, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XV del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado; y el inciso k) del artículo 147 BIS del Reglamento del Poder Legislativo, para establecer como una obligación de quienes ostentan una diputación, la de presentar un Informe anual sobre el desempeño de las labores ante los ciudadanos de cada distrito electoral del que emana un cargo de elección popular; pero además, esta obligación no exenta a quien ostenta una diputación plurinominal, deberá presentar su informe a la población de donde es originario o donde realiza la mayoría de sus gestiones.
El impulsor de la 4T destacó, ’la iniciativa en cuestión quiere que las y los ciudadanos, estén informados sobre las actividades y acciones que los integrantes de este poder realizamos en el ámbito de nuestras responsabilidades, durante el año legislativo correspondiente, dando cuenta a la sociedad sobre el quehacer público’.
En tribuna, explicó que esta iniciativa, no es ajena a la realidad nacional, pues en el Artículo 8 fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se establece como una obligación de las y los diputados, presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción.
Agregó, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio público, radica en que todas las acciones gubernamentales y administrativas deben estar al alcance del público en forma clara, accesible y veraz. Y en un contexto democrático, se puede entender la información como un elemento esencial mediante el cual los ciudadanos pueden incrementar sus conocimientos y, con ello, su capacidad de acción frente a los asuntos públicos.
Dijo, si los poderes del Gobierno, informan a la ciudadanía sobre todas las actividades del quehacer de la administración pública, que los recursos públicos tienen un uso efectivo, da como resultado una mayor confianza entre la ciudadanía, favoreciendo así el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, pero también de las de los servidores públicos.
Max Correa, enfatizó, construir un mejor gobierno implica la apertura de su actuación al escrutinio público a través de mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad total al ejercicio de la función pública e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos públicos, así como la rendición de cuentas.
En esta práctica se gestan ventajas competitivas, así como mayores beneficios en la atención de necesidades sociales, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y apropiación de las acciones al reducir la discrecionalidad y evitar los actos que propicien corrupción.
Aunado a ello, la rendición de informes es una herramienta para fortalecer la democracia y credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades, siempre y cuando éstas expresen de manera clara sobre sus decisiones y justifiquen las acciones emprendidas, con el acompañamiento de mecanismos de control y sanción para quienes no se conduzcan de acuerdo a la Ley. En ese sentido, la rendición de cuentas representa un elemento sin el cual no se entienden las democracias avanzadas; informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas, de tal forma que el gobernante o representante popular, asuma la responsabilidad de sus actos y decisiones, convirtiéndose en sujeto de evaluación.
Lo anterior, concluyó, ya se replica en Congresos estatales, como Chihuahua, donde se establece como una obligación de los diputados la de presentar al Pleno un informe sobre las actividades desarrolladas inherentes a su encargo, así como en Coahuila de Zaragoza y de Tamaulipas, que obligan a los diputados a rendir un Informe anual a la ciudadanía respecto de sus labores legislativas, de gestión y de representación.
