El Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Estado de México avanza en la coordinación interinstitucional para la aplicación de localizadores electrónicos que permitan sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en casos específicos.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria de las Mesas de Operación del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), Leticia Cisneros afirmó que además de proteger los derechos humanos de la población, se busca despresurizar los centros de prevención y reinserción social de personas que presuntamente cometieron delitos no graves.
’Se reduce exclusivamente al tema de la utilización de brazalete para que se pueda evitar el ingreso de algunas personas que cometieron un delito, ya sea en flagrancia o que pueda ser un cambio de medida cautelar y propiciar con ella la despresurización de los centros penitenciarios en el Estado de México’, informó la también Secretaria Técnica del Órgano del Consolidación.
Detalló que se busca reforzar los enlaces entre el Poder Judicial (PJEM), la Secretaría de Seguridad (SS), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Defensoría Pública, a fin de conocer todos los alcances de la imposición o sustitución de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa.
Se dio a conocer que el Ministerio Público, en cumplimiento al Acuerdo número 10/2022 emitido por el titular de la FGJEM, deberá solicitar la evaluación de riesgo al Centro estatal de medidas cautelares, y recabar datos de prueba que permitan decidir de manera objetiva, subsidiaria y proporcional la procedencia de ésta, tomando en consideración la protección de la víctima, ofendidos y comunidad.
Integrantes de la Mesa Operativa del OC coincidieron en que los localizadores electrónicos constituyen una medida eficaz para cumplir con las necesidades del proceso, pues garantizan el control y monitoreo en tiempo real de la persona, lo que evita se sustraiga de la justicia al establecer un perímetro que delimite el campo de acción del imputado.
