Opinión
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Martes, 06 de Febrero de 2024 20:04 hrs.
Nacional / México / Cuauhtémoc
Con la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial, se realizó la ceremonia por el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, pero vale la pena valorar lo expresado por sus representantes en ese evento.
En representación del mandatario acudió Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y de la titular de la SCJN el ministro Alberto Pérez Dayán, quienes dieron los respectivos mensajes en representación de los poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente.
Mientras Alcalde Luján resaltó que en un mismo día haya dos acontecimientos en materia legislativa, por un lado la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, y por el otro que el presidente López Obrador presente un paquete de iniciativas de reformas constitucionales desde Palacio Nacional. Es decir, no expresó nada nuevo o relevante.
En cambio, resultó significativa la participación de Pérez Dayán, quien la semana pasada fue el enemigo público número uno de la administración obradorista y de los legisladores de Morena, tras de que con su voto de calidad, como presidente de la Segunda Sala de la Corte, se declaró inconstitucional la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
Pérez Dayán se refirió a las propuestas de reformas, en particular para el Poder Judicial, al afirmar que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular, porque deben ser independientes en sus decisiones y ’la militancia partidaria y la Judicatura no son afines.’
Dijo: ’El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio, simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social’.
Son dos visiones diferentes y contrarias. Por un lado, el intento de someter a un poder –o, mejor dicho, a una persona–, todo el poder político posible; por otro la reiterada demanda de independencia para tomar las mejores decisiones, apegadas a la Constitución, es decir la ley es la ley y se debe acatar.
El último tramo del sexenio de López Obrador no será sencillo para ningún poder, pero debe mantenerse el equilibrio y los contrapesos de poderes. De lo contrario ’democracia’ será un término retórico, vacío, sin una verdadera utilidad, usado para fines políticos personales.
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