La Secretaría de Gobernación confirmó que los ex trabajadores ferrocarrileros que se vieron afectados por la privatización del sistema ferroviario nacional y por diversas injusticias en sus denuncias derivadas de dicho proceso, sí tendrán un proyecto de justicia social para resarcir el daño en su patrimonio prolongado por décadas.
Como resultado de la más reciente reunión a la que asistieron representantes de SEGOB, de Ferrocarriles Nacionales y del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical y organizaciones afines, la dependencia federal aseguró que la solución del caso de estos cerca de 4 mil representados por FERRO no será por la vía jurídica sino por la de la justicia social, por lo que se definirá un proyecto de resarcimiento del daño económico.
En dicha reunión efectuada en las instalaciones de la Secretaría en la capital del país, William Castillo, titular de la Unidad de Gobierno, hizo patente la urgencia de cumplir las instrucciones de la Presidencia de la República, por lo que el proyecto estará listo en el mes de marzo y será analizado en conjunto con los representantes ferrocarrileros.
En la reunión estuvieron presentes por la SEGOB William Sebastián Castillo, titular de la Unidad de Gobierno; Miguel Arciniega, coordinador de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales UAOS de la SEGOB y Luis Robles Villalobos, director de la UAOS.
De Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación estuvieron Juan Carlos Reséndiz, liquidador; Paula Esquivel Torres, gerente; Alejandro Flores Espinoza, director Jurídico y María Guadalupe Flores, coordinadora, Por la agrupación FERRO y organizaciones afines se presentaron Eduardo Canales, Juan José Calixto Rodríguez, Marielena Antillón Ortiz, José Luis Godínez, Sergio Legarda, José Refugio Saldaña, Omar Flores, Salvador García, Guadalupe Brito González y Juan Antonio Torres.
Al respecto Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO, manifestó que esta negociación se encuentra ’en mejores manos’ que, al inicio del proceso, ya que los actuales representantes del Gobierno y de Ferrocarriles sí muestra disposición para cumplir con las instrucciones presidenciales de hacer justicia a los ex trabajadores ferrocarrileros.
