Ampararse sin culpa: ¿blindaje legal o señal de alarma?

En un país donde el amparo se ha convertido en sinónimo de sospecha, los hermanos Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han solicitado protección judicial contra una posible detención. Lo hicieron sin que exista una orden de aprehensión en su contra, sin firmar directamente el recurso, y sin establecer un domicilio legal claro. ¿Precaución legítima o estrategia para evitar el escrutinio?

El documento fue promovido por un tercero, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, y señala como domicilio el Hotel Círculo Mexicano, sede de su negocio familiar. No hay firma de los hermanos ni pruebas públicas que los vinculen directamente con delitos. Sin embargo, su nombre aparece en una demanda que involucra a funcionarios de la Secretaría de Marina en una presunta red de contrabando fiscal. El contexto no es menor.
En México, el amparo es una herramienta constitucional para proteger derechos frente a actos arbitrarios del Estado. Pero en la práctica política, se ha convertido en un blindaje preventivo para quienes temen ser alcanzados por investigaciones judiciales, muchas veces sin pruebas sólidas pero con alto costo mediático.
Solicitar un amparo no implica culpabilidad. Pero hacerlo sin una orden judicial vigente, sin firma directa, y en medio de señalamientos públicos, sí plantea preguntas legítimas sobre transparencia, privilegio y confianza institucional.
- La narrativa presidencial: López Obrador construyó su legado sobre la austeridad, la lucha contra la corrupción y el rechazo al nepotismo. Que sus hijos se amparen, aunque sea por precaución, erosiona esa imagen.
- La confianza en el sistema judicial: Si incluso los allegados al poder temen ser víctimas de detenciones arbitrarias, ¿qué queda para los ciudadanos comunes?
- La opacidad institucional: La falta de firma, el uso de terceros y domicilios ambiguos refuerzan la percepción de que el poder opera con reglas distintas.
Este episodio no debe leerse como un escándalo aislado, sino como síntoma de una cultura política donde el blindaje legal sustituye al debate público, y donde la presunción de inocencia convive con la presunción de privilegio.
La pregunta no es si Andy y Bobby son culpables, sino por qué sienten que deben protegerse. Y más aún: qué dice eso sobre el país que heredamos tras el sexenio de su padre.