Ambiente político y de violencia

En estos días de campañas políticas, donde además se han sumado la polarización política y el clima de violencia social, la semana pasada se registraron las peticiones para desaparece los poderes en los estados de Guerrero, Guanajuato y Campeche, básicamente por cuestiones de seguridad pública en esas entidades.
En Guerrero, a petición del PAN, por el clima de violencia tanto por parte de grupos del crimen organizado como por la muerte de un normalista de Ayotzinapa, a manos de un policía estatal quien se encuentra prófugo, que provocó la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad, así como la remoción de la fiscal.
Esta petición provocó el enojo de morenistas, en particular del senador Félix Salgado Macedonio –padre de la gobernadora Evelyn Salgado–, quien en respuesta demandó la desaparición en Guanajuato por los ’elevados índices de inseguridad y violencia’, bajo la advertencia o amenaza de que su partido es mayoría en la Cámara de Senadores.
La última propuesta fue del PRI en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por la huelga de elementos de la policía, quienes tras haber sido enviados a un operativo a un penal. pero sin el equipo necesario, iniciaron un paro en demanda de mejores condiciones de trabajo.
Tal como lo amenazó el legislador Salgado Macedonio, probablemente el único que procedería el de Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aunque en este caso es por la violencia generada por los diversos grupos del crimen organizado, ya que sería respaldado por la mayoría de senadores de Morena.
Las demandas de desaparición de poderes no son nuevas, ya que en el año 2022 Morena lo había demandado en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, cuando era el mandatario de Tamaulipas acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque la demanda no fructificó.
Las últimas dos veces que procedió una demanda de esa naturaleza fue en 1975, con el entonces presidente Luis Echavarría Álvarez. EL 31 de enero en el estado de Guerrero, cuando fue depuesto el gobernador Israel Nogueda Otero, acusado de fraude, y designado en su lugar Xavier Olea Muñoz, y el 29 de abril, cuando Otoniel Miranda fue removido de la gubernatura del estado de Hidalgo, imputado de violaciones a las garantías individuales, siendo relevado por Raúl Lozano Ramírez.
Pero para analizar si proceden o no las actuales solicitudes se debe destacar que de acuerdo a la Constitución el Senado tiene la facultad exclusiva para determinar si se configura la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado para hacer la declaratoria de que debe nombrarse a un gobernador provisional.
La desaparición de poderes sucede cuando los titulares de los poderes constitucionales: quebranten los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; estén físicamente imposibilitados para ejercer las funciones inherentes a sus cargos; que afecten la vida del Estado, impidan la plena vigencia del orden jurídico; prorroguen la permanencia en sus cargos tras concluir el período para el que fueron electos o nombrados; y promuevan una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución.
Si repasamos la historia veremos que este recurso ha sido utilizado más por motivos políticos más que legales. Por ejemplo, en la presidencia de Adolfo de la Huerta se aplicó nueve veces por ’estar en contra del Plan de Agua Prieta con el cual se desconocía el régimen de Venustiano Carranza. Con Lázaro Cárdenas también fueron nueve veces, básicamente para eliminar con políticos afines a Plutarco Elías Calles y acabar con el Maximato.
Si bien presuntamente estaban fundamentados todas las desapariciones de poderes, reitero, más se debían a conflictos entre grupos políticos, pero no existía un protocolo para proceder a la correspondiente declaración, hasta que se definió la semana pasada.
Ahora, tras ser turnada por el Senado de la República a la Comisión de Gobernación, ésta se encargará de revisar las peticiones y analizarlas conforme a la fracción V del artículo 76 de la Constitución. En caso de considerarse como no procedentes, entonces se dará por concluido el asunto y se notificará a los solicitantes.
De aprobarse ya sea una o varias de las peticiones, entonces se notificará a la Mesa Directiva, para que a su vez las turne a la Comisión de Justicia para que, en un plazo de cinco días, presenten una resolución sobre el asunto y se proceda al dictamen en el pleno legislativo.
La interrogante consiste en cómo se procederá ahora, ya que si bien en Guerrero y Campeche –entidades gobernadas por morenistas–, difícilmente la mayoría votaría en favor de la desaparición de poderes, a pesar de las difíciles condiciones de seguridad que prevalecen en esas entidades, la mayoría simple de senadores de ese partido bien podría votar por la procedencia en el caso de Guanajuato.
Lo recomendable políticamente en estos momentos es evitar que proceda alguna petición, de lo contrario escalará el clima de confrontación política, lo cual no conviene de ninguna forma para los procesos electorales en marcha.