La reciente detención de una empleada vinculada a proceso por el presunto delito de otorgamiento de placas a un vehículo de alta gama que aparentemente contaba con reporte de robo en la unión americana, ha servido para que el ’hilo de la madeja’ se corra, dejando entre ver, el teje y maneje de lo que parece ser una red de corrupción sistémica, extorsión a gestores y despidos arbitrarios al interior de la dependencia estatal.
Dinámica común que ha emergido desde las entrañas de las recaudadoras del Estado, voces que han solicitado anonimato por temor a represalias, han señalado directamente a altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco.
La denuncia apunta a una purga laboral de más de 300 empleados, entre personal eventual y bajo contrato, cuya única finalidad habría sido despejar el camino para operadores políticos y financieros leales a una estructura que hoy se autodenomina, de forma irónica, "Al Estilo Jalisco".
El epicentro de este esquema se localiza en la figura de Juan Ramón Rodríguez Fernández, secretario particular del titular de Hacienda, quien es señalado como el arquitecto de los acuerdos financieros. Bajo su mando, la operación se divide en dos vertientes: el control de los "gestores de casa" y los externos, a quienes se les exige una cuota de entre el 10% y el 15% sobre el valor de las multas para permitirles operar.
Esta maquinaria de recaudación ’paralela’ se extiende hasta la Recaudadora 00 (ubicada en el cruce de Corona y Pedro Moreno del centro histórico de Guadalajara), donde Rubén Reyes Enríquez, apodado el "Rey de las Multas", mantiene un control absoluto a través de un cómplice conocido únicamente como el "JJ".
Según testimonios, en dicha oficina se procesan pagos con tarjeta para los allegados a la Casa Jalisco, mientras que al resto de los ’gestores’ se les obliga a liquidar en efectivo, alimentando una caja chica que elude cualquier rastro contable oficial.
El mecanismo irregular no se detiene en el cobro de cuotas; se ha infiltrado en puestos clave mediante el nepotismo y el pago de favores.
Rubén Reyes es señalado de haber orquestado el despido masivo de jefes de recaudadoras para imponer a perfiles de su entera confianza, incluyendo a la actual jefa de la Recaudadora 4, identificada como Gardenia, con el presunto objetivo de lucrar con la venta de archivos vehiculares.
Asimismo, la denuncia resalta que diversos cargos directivos están ocupados por personas con vínculos sentimentales con los operadores de esta red, como es el caso de una funcionaria de nombre Edith, quien —pese a ostentar un cargo de autoridad— acarrea un historial presuntamente de denuncias por acoso, prepotencia e incluso una investigación por homicidio.
El actual gobernador, Pablo Lemus Navarro, queda bajo la lupa en este entramado. A pesar de haber denunciado públicamente a los "quita multas" en el pasado, la investigación sugiere que el gobierno estatal ha institucionalizado la misma práctica. Ahora, los descuentos de hasta el 95% en multas y los trámites de reemplacamiento sin documentación completa se realizan bajo el amparo de recibos oficiales emitidos en la Recaudadora 00, pero condicionados al pago de "comisiones" externas que generan millones de pesos semanales.
Los trabajadores que se han negado a "alinearse" a estas prácticas son amedrentados, castigados o despedidos fulminantemente bajo el argumento de una reestructuración que, en realidad, parece ser una limpieza de testigos incómodos.
Ante la gravedad de los hechos, que involucran directamente al Secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, las voces disidentes exigen una auditoría profunda y la intervención de instancias federales, advirtiendo que, de no haber justicia en el estado, el caso será llevado ante la Presidencia de la República para desmantelar lo que consideran un grupo de delincuencia organizada operando desde los escritorios gubernamentales en detrimento del erario.
