Aumento al impuesto a refrescos
Adrián Chavarría Espinosa
Aunque el gobierno federal había anticipado que en el proyecto de ingresos para 2026 no habría un aumento de impuestos, la realidad es que fue una verdad a medias, ya que se ha propuesto aplicar mayores gravámenes fiscales a los refrescos y bebidas saborizadas con azúcar o edulcorantes, a los cigarros y productos de tabaco, así como a la venta, descarga y acceso digital a videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, así como se incrementaría la tasa a las apuestas y sorteos.
En el caso de los videojuegos el nuevo impuesto sería del 8%; para los cigarros el incremento sería de 32%, por lo cual el costo por cajetilla pasaría de 12 pesos con 89 centavos a 17 pesos con tres centavos, pero quedarían exentos los productos con nicotina aprobados como medicamentos para terapia de remplazo; las apuestas y sorteos se verían afectadas sensiblemente pues con el impuesto adicional del 20%, quedaría en 50%.
Sin embargo, el caso que más ha levantado la polémica política, económica y social es el de las bebidas embotelladas, ya que se incrementaría en 87%, con lo cual el gravamen por litro pasaría de 1.6451 pesos a 3.018 pesos, lo cual repercutiría en todas las presentaciones.
El principal argumento para proponerlo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ampliamente respaldado por sus simpatizantes es que ayudará a reducir el consumo excesivo de azúcar, situación que afirman ha contribuido de forma importante al incremento de la obesidad y la diabetes en el país, lo cual califican como un hecho irrefutable.
Sin embargo, las voces en contra refutan la propuesta de muy diversas formas. Inicialmente se debe recordar que el impuesto a las bebidas endulzadas con azúcar inició en México en 2014, para ser pionero de estas medidas, aunque una situación no aclarada es que se desconoce cuál fue el fin de los recursos recaudados.
Hay otro ’pero’: ¿por qué si se busca reducir la obesidad –donde también ha entrado las limitaciones a la comida chatarra–, porqué ahora gravar también a las bebidas con edulcorantes? Es decir, aquellas conocidas como ligths, como splenda o stevia u otros suplementos dietéticos, los cuales no generan o alientan la obesidad, incluso son consumidos por diabéticos o personas que han decidido reducir su ingesta de calorías.
Entonces se ratifica la idea de que estos impuestos sí persiguen un afán recaudatorio. Y es que con ese aumento de impuesto a 3.018 pesos por litro de refresco, se calcula que la recaudación anual proyectada ascendería a nada menos que 41 mil millones de pesos.
De acuerdo a experiencias y análisis de la Organización Mundial de la Salud, se establece que si bien quienes reducen el consumo de bebidas embotelladas son las personas con menos recursos, precisamente las más vulnerables ante enfermedades causadas por el consumo excesivo de azúcar, pero ante el hecho de que las zonas más marginadas son las que menos acceso al agua potable tienen, entonces un refresco suele ser una alternativa, no la más recomendable pero no en muchas situaciones no hay de otra.
Una puntualización necesaria: de acuerdo con el portal electrónico La Chartería, México no es el país donde se ingieren más refrescos, ese nada honroso lugar le corresponde a Hungría donde el consumo per cápita es de 310 litros, seguido de Bélgica con 272, Argentina con 155, Estados Unidos con 154, Chile con 141, en sexto sitio México con 137, después Alemania con 120, Canadá y Noruega con 119.8, y Uruguay con 118.
Por su parte si bien la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) compartió la preocupación oficial por el aumento en los índices de sobrepeso, obesidad y prevalencia de enfermedades no transmisibles en el país, advirtió que este es un problema complejo y multifactorial, cuya prevención y atención requiere de la acción integral, decidida y conjunta de todos los actores y sectores, por lo que reiteraron su disposición e interés en sumarse a los esfuerzos de las autoridades en esta tarea.
Destacó que la experiencia en México y otros países donde se aplicó el impuesto no se cumplió con el objetivo de reducir los índices de obesidad y, agregó, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias evaluó y rechazó repetidamente esa medida al no existir evidencia real de un cambio en los patrones de consumo ni mejoras en la salud.
La MexBeb también destacó que el aumento del impuesto reducirá el poder adquisitivo de los hogares al encarecer la canasta básica, desincentivar la inversión y producción con un efecto recesivo que limitará el crecimiento económico del país, incluso advirtió que se podrían perder alrededor de 150 mil empleos directos e indirectos en los próximos cinco años.
Además se anticipó que los pequeños comercios resultarán afectados los más de 1.2 millones de tienditas populares, quienes se verán obligadas a cerrar, ya que los refrescos y bebidas saborizadas representan alrededor del 30% de sus ventas, sin omitir un fuerte impacto en toda la cadena productiva.
Lo que deberían hacer las autoridades hacendarias y los legisladores sería analizar otras alternativas, como el aplicado en Gran Bretaña, donde se gradúa el impuesto por cantidad de azúcar, ya que los fabricantes disminuyen el endulzante para así pagar menos.
En estos momentos debe prevalecer la disposición al diálogo abierto y constructivo entre embotelladores con las autoridades y el Congreso, a fin de encontrar alternativas integrales y efectivas, sustentadas en la ciencia y evidencia, a fin de contribuir con medidas prácticas y reales a mejorar la salud de la población.