Alebrijes en Cuadratines
Adrián Chavarría Espinosa
El presidente Andrés Manuel López Obrador no conforme con encabezar el Poder Ejecutivo y a través de su partido, Morena, controle al Legislativo, al tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y simple en la de Senadores, pretende aún más su poder, no solo mediante el control o la desaparición de los órganos autónomos, ahora también sobre el Poder Judicial.
Esta actitud resulta evidente cuando expresó su molestia por el hecho de que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, ordenó suspender los efectos y consecuencias del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
Apenas el 10 de marzo entraron en vigor las citadas reformas y, al menos, ya existen doce suspensiones y 21 juicios de amparo, otorgados a las empresas energéticas Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Eólica Santa Catarina, Eólica Oaxaca y Bluemex Power, y se esperan más tanto de inversionistas extranjeros como de asociaciones indígenas.
Fue en su conferencia de prensa mañanera del viernes 12 de marzo cuando López Obrador literalmente explotó contra la decisión de juez y anunció que su gobierno recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su Ley Eléctrica.
Expresó: ’Están muy molestos los dueños de las empresas extranjeras y también algunos mexicanos, pero la verdad es que estaban abusando vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidio. Ellos fueron beneficiados con contratos leoninos’. Dijo que esos jueces surgieron cuando se realizó la Reforma Energética y nacieron para ’proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional’.
López Obrador acusó al juez Gómez Fierro de actuar como empleado subordinado de las empresas nacionales y extranjeras en materia energética y de protegerlas, yadvirtió que acudirá a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise su actuación.
Aseguró que las empresas en materia energética están molestas con la aprobación de esta reforma, porque se beneficiaron con contratos leoninos: ’¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional, que, desde luego, tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúa como empleado, como subordinado de las empresas particulares; entonces, firman convenios en donde pierde Hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras’.
Por supuesto de inmediato los integrantes del Poder Judicial respondieron a las afirmaciones presidenciales. Primero, en un breve comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito defendió que su único compromiso es con la Constitución y la independencia y, además, puntualizaron que las expresiones del mandatario federal ponen en duda la actuación de todos los juzgadores federales.
Después en un mensaje divulgado en redes sociales Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, expresó que ’las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía’. Puntualizó que la vigilancia realizada por el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que la SCJN trabaje de manera libre y autónoma.
En fin no es la primera ni, lamentablemente, el último frente de ataque que inicia López Obrador en la defensa de sus propósitos personales. A sus adversarios cotidianos, como son los neoliberales, los medios de comunicación vendidos a los empresarios y a la derecha, a los intelectuales y periodistas orgánicos, recientemente agregó a los abogados.
También, en otra conferencia mañanera, López Obrador se lanzó contra los abogados mexicanos al asegurar que quienes defienden a las empresas extranjeras contra la reforma eléctrica, cometen traición a la patria y ser cómplices de empresas que quieren saquear al país.
Agrupaciones profesionales, como el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, así como destacados abogados rechazaron esas expresiones y puntualizaron que ellos cumplen con su deber profesional al defender a las empresas ante la contrarreforma eléctrica y subrayaron que ’en un Estado de derecho, todos tienen derecho a la a la representación legal’.
Nada parece contener la necesidad presidencial de tener todo el control político en sus manos, sin importar la división de poderes o de que otros cumplan con su responsabilidad oficial o profesional al defender a quien están en desacuerdo con las políticas gubernamentales.
El problema es que con esas actitudes presidenciales, lo único que ha logrado una mayor polarización social, donde un sector defiende y aplaude sus acciones, aunque estas sean incorrectas o sean modificadas para darles un barniz legal, y otro que mantiene una posición crítica. El resultado final de esta confrontación es difícil de anticipar.
