Jalisco, México – En la mañana de este lunes, integrantes de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos hicieron pública su postura frente a los programas heredados de la administración estatal anterior, los cuales consideran fallidos y costosos para la ciudadanía.
Los activistas fueron recibidos en el Palacio de Gobierno por personal de la oficina de Asuntos del Interior y el área de información y documentación del ejecutivo estatal. En el encuentro, expresaron su demanda de suspender de inmediato el programa de verificación vehicular obligatoria, argumentando que hasta el momento no hay evidencia de que este contribuya a la mejora de la calidad del aire.
Al no obtener respuesta sobre la instalación de mesas de trabajo para modificar el programa, los miembros de la coordinadora se manifestaron en exigencia de la suspensión del esquema, calificándolo como un mecanismo recaudatorio que no está diseñado con un enfoque ambiental real.
El vocero del movimiento, Jaime David Aldrete Medina, reiteró que, pese a que las propias autoridades reconocieron en reuniones previas la ineficiencia del programa, se niegan a eliminar lo que calificó como la ’herencia maldita’ de la administración de Enrique Alfaro y rediseñarlo bajo nuevos criterios.
’Hace más de un mes se nos prometió la instalación de mesas de trabajo para evaluar las fallas y suspender el programa hasta implementar medidas que realmente sirvan para mejorar la calidad del aire, pero hasta ahora no han mostrado voluntad para hacerlo’, señaló Aldrete Medina.
Además, denunció que el gobierno estatal tampoco ha cumplido con su compromiso de organizar un foro ambiental con la participación de académicos, universidades y expertos en la materia.
Como forma de protesta, la coordinadora expuso una imagen que representa el programa de verificación como un ’Frankenstein recaudatorio’, conformado por corrupción, opacidad y complicidad oficialista.
Tras la reunión sostenida en el Palacio de Gobierno, quedó en evidencia la falta de comunicación y coordinación entre las dependencias involucradas en el programa de verificación obligatoria, como Asuntos del Interior, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Hacienda del Estado y la Agencia Integral del Aire.
Los activistas continúan su lucha en busca de cambios en las políticas ambientales y la eliminación de un sistema que consideran ineficaz e injusto para los ciudadanos jaliscienses.
