La pandemia por COVID-19 golpeó a muchas personas en su salud y su economía, pero hay otro aspecto que también fue vulnerado: el acceso a la justicia.
La necesidad de proteger los derechos a la vida y a la salud, tanto de las y los servidores públicos del Poder Judicial, como de las personas usuarias del sistema de justicia, llevaron a la restricción de derechos, como el acceso a la justicia. Dichas restricciones afectaron a las personas víctimas de derechos humanos y grupos en alguna situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, privadas de su libertad o de los trabajadores de salud, quienes enfrentaron dificultades para iniciar juicios de amparo, y permitieron que las autoridades eludieran medidas de suspensión dictadas en su contra.
Ante ello, organizaciones de la sociedad civil presentan el informe ’El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación’, donde exponen las principales restricciones para acceder a la justicia en el contexto de la pandemia, la cual ha tenido un impacto negativo para las personas migrantes, sujetas de protección internacional y privadas de la libertad.
Sólo 10.3% de las demandas y 9.47% de las promociones legales, presentadas entre marzo de 2020 y febrero de 2021, fueron hechas en línea a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esto, en parte se debe, a la brecha digital que persiste en el país, en el que solo cinco de cada 10 hogares cuentan con internet y cuatro de cada 10 tienen computadora, laptop o tableta, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, el número de demandas presentadas ante el Poder Judicial se redujo en un 44.81%. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las violaciones de derechos humanos que llegaron a su conocimiento se mantuvieron prácticamente iguales entre 2019 y 2020. Esto sugiere que la suspensión de plazos procesales impidió que las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos pudieran demandar a las autoridades responsables.
El informe identificó ocho barreras principales que dificultaron el acceso a la justicia vía digital:
Desconocimiento del uso de los servicios en línea.
limitaciones técnicas para ingresar demandas y amparos.
Solicitud de mayores requisitos en comparación con los establecidos de manera presencial.
Falta de claridad sobre si la o las demandas y amparos fueron admitidos o no.
Expedientes electrónicos incompletos o cargados tardíamente.
Falta de certeza sobre la fecha de notificaciones.
Inconsistencia en las fechas de acuerdos y promociones.
Dificultades por parte de las personas litigantes, para entrar en comunicación con las y los servidores públicos de los juzgados.
Finalmente el informe expone ocho recomendaciones, dirigidas a mejorar el acceso a la justicia: 1) impulsar un marco jurídico específico en torno a la justicia digital; 2) difusión de los procesos digitales y socialización de su operación; 3) transparencia y acceso a la información; 4) capacitación sobre el portal digital a personal del Poder Judicial de la Federación y litigantes; 5) coordinación entre autoridades federales y estatales; 6) facilitación de la firma electrónica por parte del Poder Judicial de la Federación; 7) emisión de las decisiones por parte de los juzgadores; y 8) homologar las estimaciones de trámites considerados como urgentes en el contexto de la pandemia.
Requerimos que el juicio de amparo sea un instrumento sencillo y de fácil alcance para todas las personas, sin embargo, como vemos en este informe, persisten las restricciones para contar con una protección judicial para la violación a nuestros derechos humanos, que funcione de manera sencilla, eficiente, sin complejidades y tecnicismos excesivos, y esta pandemia las hizo más evidentes. A esto llamamos la epidemia del desamparo, la cual afectó -al igual que en las otras caras de esta emergencia sanitaria- a las personas en mayor estado de vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en movilidad (migración), privadas de la libertad o en cualquier tipo de desventaja económica o sin acceso a medios digitales y tecnológicos.
Acceder a la justicia es un derecho humano fundamental que debe facilitarse con o sin pandemia.
