Han pasado tres años desde el incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas perdieron la vida y 42 más sobrevivieron —27 hombres y 15 mujeres—. Sin embargo, las familias de las víctimas denuncian que la justicia sigue sin llegar.
Entre los pendientes más graves se encuentran la falta de sentencias firmes en los procesos penales contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de seguridad privada y otras personas señaladas por su responsabilidad en los hechos. A ello se suma el cumplimiento parcial de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que exigía medidas de reparación y garantías de no repetición.
Las familias también subrayan la ausencia de un reconocimiento oficial como víctimas para las 15 mujeres sobrevivientes, lo que ha limitado su acceso a mecanismos de apoyo y reparación. En general, persiste la carencia de una reparación integral del daño, así como de garantías efectivas que eviten que tragedias similares vuelvan a ocurrir.
A tres años de la tragedia, la exigencia es clara: justicia efectiva para las 82 víctimas y un compromiso real del Estado mexicano con la verdad, la reparación y la no repetición.
