Organizaciones de la sociedad civil y albergues que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección hacemos un llamado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a no seguir ejerciendo sus funciones en la opacidad dentro del proceso de reparación integral del daño de familiares y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado donde señala que se haría entrega de un recurso económico a las familias de los migrantes fallecidos, como una forma de reparación del daño, además de enumerar acciones que ha llevado a cabo con los sobrevivientes y sus familias. Lo anterior no es una reparación, es sólo una compensación económica, una reparación integral del daño debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen de a conocer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no es una facultad del INM —instancia que permitió que 40 personas migrantes murieran, 15 mujeres y 27 hombres resultaran afectados, estos últimos con secuelas de por vida— emitir este dictamen, si no de la CEAV, y desde hace casi 5 meses esta Comisión se ha visto desdibujada de sus funciones y ha dejado al INM ser perpetrador, juez y parte.
La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, una reparación efectiva del daño incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo. La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir ’asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia’. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta.
Desde las organizaciones que acompañamos a nueve sobrevivientes y sus familias nos sorprende que sea el INM quien esté dando a conocer que ha realizado reparaciones económicas del daño cuando es facultad de la CEAV. En su comunicado, el Instituto, lejos de brindar datos concretos sobre la reparación del daño, evidencia carencias en el proceso, por ejemplo, pone en riesgo a las familias al hablar de montos económicos asignados; menciona datos que son parte de una investigación que está en curso; usurpa funciones; y no se habla de la reparación del daño a los sobrevivientes. Lo que nos muestra es la insistencia del INM de incidir en la investigación judicial, la urgencia de cerrar el caso y el actuar impune de su titular, Francisco Garduño.
Si de verdad el gobierno mexicano quiere realizar una reparación integral del daño, debe solicitar a la CEAV que cumpla con sus funciones y sacar al INM de ese proceso; tomar en cuenta a todas las víctimas y sobrevivientes -a la fecha las 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas-; anunciar medidas de no repetición suficientes y adecuadas, como el cierre de las estaciones migratorias -las personas en la estancia migratoria murieron y resultaron heridas porque no se les abrió la celda, aunado a la falta de salidas de emergencia o extintores-; así como una disculpa pública donde el Estado reconozca, frente a las víctimas, que #NoFueElIncendio, donde estén las familias y sobrevivientes, y no una declaración ’de banqueta’ del Comisionado del INM, quién debería estar separado de su cargo mientras está abierto el proceso penal en su contra.
Por su parte, los sobrevivientes y sus familias necesitan claridad sobre sus procesos de reparación integral del daño, diferenciada e individual, acorde a las afectaciones y necesidades de cada persona y claridad sobre los procesos de compensación económica. Hay personas con impactos permanentes a su salud física y neurológica que les impedirá retomar sus proyectos de vida, lo que los ha dejado con dificultades económicas en su estancia en México y a sus familias en sus lugares de origen.
Aunado a ello, a la fecha no es claro cómo el INM acatará ’parcialmente’ la Recomendación 111VG/2023, en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece que el Instituto no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas. Hace hincapié en que las afectaciones a las personas migrantes comenzaron desde el momento en que fueron detenidas y llevadas a la estancia migratoria; así como las condiciones al interior; falta de un registro adecuado de cuántas personas se encontraban al interior de la estancia; y omisiones por parte de los agentes migratorios.
Cabe señalar que desde hace más de una década la CNDH ha emitido más de 80 recomendaciones al INM por las condiciones deplorables al interior de las estancias y estaciones migratorias, sin que a la fecha hayan cambiado las cosas. Reparar el daño no es sólo entregar un recurso económico, sino la sanción de las autoridades responsables, acceso a la justicia y garantías de no repetición, menos que eso es simulación. México debe replantear su política migratoria, con la participación de las organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de éste y otros casos de graves violaciones a derechos humanos
