El pasado 15 de marzo 2023, el Senado de la República aprobó por unanimidad, sumar a México a la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual busca erradicar la violencia y el acoso laboral, dicho Convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 2019 y entró en vigor en junio del 2021.
Este Convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, su ratificación permitirá elaborar mecanismos para la protección de las mujeres ante cualquier situación en el ámbito laboral, así mismo contempla los costos que suponen la violencia y el acoso no solo en términos de salud, sino también de bienestar y economía pues se traduce en merma de la integridad física y psicológica de quien vive la violencia, hasta la pérdida de productividad, pasando por el deterioro del clima laboral, de la propia entidad contratante o patronal, así como de las relaciones familiares y sociales de quien la vive, por lo que debe de enfatizarse que el impacto no es sólo individual sino también comunitario.
Lamentablemente en la práctica, no aplica este Derecho Humano a ejercer una actividad, cualquiera que esta sea, siendo lícita; como lo marca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para obtener un ingreso, sustento o recurso que dignifique a la persona y su familia.
En nuestro país, las actividades que representan para algunas personas la única oportunidad para llevar un poco del sustento al hogar, son vistas por otros sectores –más afortunados- como enemigos del sistema económico establecido.
Durante el Consejo Estatal Extraordinario realizado en la casona de Medrano de la FROC-CONLABOR Jalisco, la Federación Nacional de No Asalariados celebró su consejo, donde quedó manifestada la necesidad de que, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tenga una mayor difusión ya que ofrece alternativas para que el comercio, denominado informal, cuente con argumentos de protección ante el acoso administrativo de autoridades municipales, acoso sexual y acoso policiaco.
Con la participación de representantes de comerciantes ambulantes, de operadores de juegos mecánicos itinerantes, tianguistas, etc., provenientes de todo el país, se realizó la mesa de trabajo en donde se expuso la problemática que a diario padecen, al verse hostigados, reprimidos, perseguidos y amenazados por autoridades gubernamentales, por ejercer una actividad, legal según la Constitución, pero informal según la interpretación del personal municipal.
A decir de la Coordinadora Colegiada de la Red de Mujeres Sindicalizadas, A.C. Mtra. Inés González Nicolás, esta práctica sistemática con que impunemente opera el personal de municipios contra las personas en condición de informalidad, responde más a la salvaguarda de intereses económicos y fines recaudatorios, que el desconocimiento de lo convenido entre la OIT y México.
’Todas las personas en este país y en todo el mundo, tenemos derechos, tenemos esta declaración universal de los Derechos Humanos y para el caso de México, con la reforma del 2011 quedó aclarado que los derechos son de todos y se deben de respetar; y el hecho de que muchas personas no tengan un trabajo formal como otros, más afortunados, eso no los hace ni criminales o personas que están contra las leyes, de ninguna manera, también contribuyen a nuestra economía y a nuestro desarrollo, a que las personas se ocupen y no a que se interesen en otras actividades que son ilícitas, el trabajo informal de la economía informal, realmente para nuestro país, para el PIB es de suma importancia’, resaltó González Nicolás.
Reconoció que, gracias a estas actividades, miles de personas logran sobrevivir, desarrollarse y la certeza de que saben que pueden tener para comer el día de mañana.
Según datos de expertos, la denominada economía ’informal’, es considerado uno de los problemas estructurales más notables en la mayoría de los países de América Latina y México no es la excepción. No en vano, representa alrededor del 28% del PIB mexicano y más del 65% de los puestos de trabajo creados en el año 2021 fueron de carácter informal. Así, tras el notable descenso experimentado durante la pandemia de COVID-19, nuestro país se ubicó estadísticamente en el 56,5% -la más elevada desde septiembre de 2019- y la mayor cantidad de trabajadores en esta categoría desde que se tiene registro (32,2 millones). Es decir, de cada 10 empleados, aproximadamente seis tenían empleos informales.
’Hoy por hoy es una forma de vivir decentemente, dignamente como lo dice la OIT y aunque existen muchas voces que descalifican a la informalidad por no pagar impuestos o que deben reglamentarse, la realidad es que falta mucho para que eso suceda’, comentó.
De acuerdo al documento de la OIT, conocido como convenio 190, protege a todas las personas cuya actividad sea formal o informal, independientemente de su condición laboral, ’Si es informal, si es formal, si es un trabajo temporal, si es un trabajo en plataforma – que hoy está de moda- el convenio lo cubre, no necesariamente tiene o debe tener una condición formal, el solo hecho de trabajar para vivir y sostenerse, el convenio es bastante amplio en ese sentido’ explicó.
Aunque el convenio 190 de la OIT es una herramienta valiosa en materia de derechos, no existe entre los interesados el conocimiento suficiente ni el interés por conocer a fondo su alcance, ya que para ello deben todas las personas en actividades productivas no establecidas o formales, buscar una asesoría jurídica laboral y aterrizar su realidad a los marcos jurídicos de cada lugar, lo que si debe quedar claro es que, ningún empleado municipal, inspector, policía o cualquier otro, incurre en un abuso de autoridad al proceder de manera premeditada en contra de quienes salen diariamente en busca del sustento.
’El trabajo de la economía informal es más flexible, no hay horarios establecidos, de allí que más mujeres se sumen a esta actividad, de acuerdo a datos estadísticos, son más mujeres que se desempeñan en esta actividad; el hecho de que las mujeres obtengan sus ingresos propios, seguro que les da mayor autonomía y se liberen, sean libres y se empoderen. Aunque no se tengan otras prestaciones como el seguro social, pero sería maravilloso que se creara un modelo que los protegiera y tuvieran garantizados sus derechos a la salud o una pensión’, concluyó.
