Ayer las y los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron un proyecto, luego de casi 3 años de atraer el amparo en revisión 302/2020, en el que señalan que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el Protocolo ’Quédate en México’, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso a la justicia.
El programa, oficialmente nombrado Protocolo de Protección a Migrantes fue una estrategia de disuasión migratoria del gobierno de Donald Trump, a través del cual solicitantes de asilo de Centro y Sudamérica tenían que esperar sus procedimientos de asilo estadounidense de lado mexicano. El programa fue negociado durante la transición de la administración de López Obrador y el 20 de diciembre de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aceptaba la participación de México en ’Quédate en México’, iniciando en enero de 2019, con dos versiones, la primera de 2019 a enero de 2021, y la segunda de diciembre de 2021 a agosto de 2022.
Durante la operación del programa, más de 75,000 solicitantes de asilo fueron regresadas a México donde vivían en condiciones de alta vulnerabilidad y esperando por 6 meses o hasta 2 años. Únicamente 4% de las personas que fueron puestas en el programa ganaron sus casos de asilo. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sostuvo que el programa ’tiene defectos endémicos que impone costos humanos injustificables y problemas inherentes…que ninguna cantidad de recursos puede arreglar’. Mientras la organización Human Rights First documentó más de 1,500 actos violentos en contra de esta población, incluyendo secuestros, homicidios, violaciones y otras formas de violencia de género.
La Primera Sala de la SCJN decidió que el Estado mexicano fue omiso en su compromiso de proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo regresadas a México, como el derecho a la justicia, a la representación y certeza jurídica, a la salud, a la vivienda, al empleo, a la educación, a una vivienda digna y a una vida libre de violencia, todos derechos garantizados en la legislación nacional e internacional.
Desde la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) estamos contentas con la decisión de la Corte. Por un lado, reconoce las violaciones de derechos humanos y extrema violencia que vivieron (y viven) las mujeres, la niñez y la adolescencia regresada a México a esperar sus casos. Mientras es imposible revertir la violencia innecesaria que resultó, la decisión de la SCJN claramente establece que el gobierno mexicano tiene que publicar la política migratoria con reglas claras, con garantías de protección. El precedente nos podría ayudar en situaciones como la que están viviendo actualmente las personas venezolanas en México, quienes de la noche a la mañana se quedaron atrapadas porque México acordó con Estados Unidos aceptarles expulsados y no hay una política clara de parte del gobierno federal sobre las protecciones que les dará.
Al ser votado por unanimidad por la SCJN es de carácter obligatorio para jueces y tribunales en futuras resoluciones. Por ahora queda pendiente la publicación de la versión oficial de la sentencia y con ello iniciar su cumplimiento.
