La diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI) dio lectura a una iniciativa enviada a la 60 Legislatura por el gobernador Alfredo del Mazo Maza para expedir la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear los Centros de Conciliación y el Centro de Conciliación del Estado de México.
En sesión del Tercer Periodo Ordinario, al leer la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo estatal, la legisladora indicó que se trata de una ’profunda transformación al sistema de justicia en materia del trabajo, con alcance a sus instituciones y procesos’, con la que se armonizará la normatividad local con la reforma constitucional nacional en materia de justicia laboral del 24 de febrero de 2017.
La iniciativa indica que con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la resolución de controversias laborales queda a cargo del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial estatal; que los Centros de Conciliación serán las instancias prejudiciales especializadas e imparciales, con naturaleza de organismos descentralizados con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, así como que la etapa procesal conciliatoria consistirá de una sola audiencia obligatoria para las partes.
También detalla que el Centro de Conciliación del Estado de México tendrá la función de registrar todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos inherentes a esas materias, y además tendrá la función conciliatoria en el orden federal.
Agrega que se establecerán nuevos principios para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, la representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.
El documento también explica que se establecerá que, para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto.
En los artículos transitorios, la iniciativa detalla que será el titular del Ejecutivo estatal quien designe al director general del Centro de Conciliación del Estado de México en un plazo no mayor a los 180 días naturales a su publicación en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno; que la Secretaría de Finanzas incluya en el proyecto de
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 los recursos necesarios para la creación, operación e inicio de funciones del Centro para que sea aprobado por la Legislatura, y que el Poder Judicial incluya en su presupuesto del próximo año los recursos para la creación, operación e inicio de funciones de los tribunales laborales.
También menciona que la Legislatura emitirá la declaratoria de entrada en funciones de los tribunales laborales y el Centro a más tardar el 30 de septiembre de 2020, y que proveerá de los recursos necesarios para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en la entidad.
Además, continúa el documento, se deberá instalar a la brevedad el Grupo Interinstitucional para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de México, que estará integrado por un representante de los poderes Legislativo y Judicial, así como una persona de las secretarías de Trabajo, Finanzas y de Justicia y Derechos Humanos.
Para armonizar la iniciativa con el contenido de la Ley Federal del Trabajo, la creación del Centro de Conciliación Laboral y las atribuciones de los Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial, se propone también reformar cinco leyes de carácter estatal: la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, así como del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
La iniciativa fue turnada para su estudio y análisis a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Planeación y Gasto Público.
