Del 06 al 11 de noviembre, las organizaciones Apoyo a Migrantes Venezolanos, Women’s Refugee Commission (WRC), Center of Democracy in the Americas y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC ( IMUMI) realizar misión civil a Chiapas y Oaxaca para monitorear y documentar la situación de las mujeres y las personas de la comunidad LGBTIQ+ venezolanas, como consecuencia de las políticas migratorias de la región -expulsiones bajo Título 42, parole humanitario, cierre de frontera de Panamá y solicitud de visa para ingresar a México.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, hasta septiembre de 2022, en el mundo 7.1 millones de personas venezolanas son migrantes o refugiadas , de ellas, 5.96 millones están en América Latina y El Caribe -82 mil 900 en México y 545 mil 234 en Estados Unidos-, como consecuencia de la inestabilidad sociopolítica de su país.
Antes de enero de 2022, la mayoría de las mujeres venezolanas y sus familias realizaron el viaje vía aérea buscando establecerse en México o Estados Unidos, sin embargo, el gobierno de México dejó de implementar la solicitud de visas a población venezolana a partir del pasado 21 de enero, lo que presentó como consecuencia el tránsito vía terrestre con impactos en su seguridad personal. De acuerdo con el gobierno de Panamá, entre febrero y agosto de 2022 se ha registrado el cruce, entre su frontera y Colombia, de 67 mil 441venezolanas, un incremento del 5800% en comparación con el mismo periodo de tiempo de 2021. Mientras que, en México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, entre febrero y agosto de 2022 se registraron 33 mil 159 eventos de detención de personas de personas venezolanas, 3200% más que en el mismo periodo de 2021.
El 12 de octubre de 2022, los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron pública nuevamente una política migratoria bilateral que coloca a la población venezolana en las nacionalidades expulsadas a territorio mexicano bajo Título 42. Esta medida, acompañada del anuncio del limitado programa parole humanitario con requisitos de elegibilidad muy estrictos, obstaculizan el derecho a solicitar protección internacional de las y los venezolanos. La política entró en vigor el 19 de octubre, y aunque se estima en más de 7 mil las personas regresadas a México, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha publicado ninguna ruta de apoyo humanitario y estancia migratoria regular para la población recibida desde Estados Unidos, provocando separación familiar, saturación de albergues de la sociedad civil,
La misión civil busca recorrer una parte de la frontera sur de México (Tapachula, Chiapas y Tapanatepec, Oaxaca) por ser los lugares donde se encuentra un importante número de mujeres venezolanas y sus familias ante la imposibilidad de regularizar su situación migratoria, solicitar protección internacional o transitar hacia Estados Unidos. Además, se tendrán reuniones con organizaciones y albergues de la sociedad civil locales y autoridades migratorias y de asilo de ambos estados.
ONG de EE.UU. y México documentarán situación de mujeres venezolanas en Chiapas y Oaxaca
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2022 – Del 6 al 11 de noviembre, las organizaciones de la sociedad civil Apoyo a Migrantes Venezolanos, Women’s Refugee Commission, Center of Democracy in the Americas y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) realizarán un misión de investigación a Chiapas y Oaxaca para monitorear y documentar el impacto de las políticas migratorias regionales en las mujeres venezolanas y LGBTQI+, a saber, el impacto de las expulsiones bajo el Título 42, la libertad condicional humanitaria, el cierre de la frontera panameña y el requisito de solicitud de visa para ingresar México.
Según la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, a septiembre de 2022, 7,1 millones de todos los venezolanos a nivel mundial eran migrantes o refugiados, consecuencia de la inestabilidad sociopolítica de su país. De ellos, 5,96 millones están en América Latina y el Caribe, 82.900 en México y 545.234 en Estados Unidos.
Antes de enero de 2022, la mayoría de las mujeres venezolanas y sus familias viajaban por vía aérea buscando radicarse en México o Estados Unidos, sin embargo, el gobierno mexicano decidió implementar la solicitud de visas para la población venezolana a partir del pasado 22 de enero, lo que se tradujo en un mayor tránsito. por peligrosas rutas terrestres, incluido el Tapón del Darién. Según el gobierno panameño, entre febrero y agosto de 2022, 67.441 personas venezolanas cruzaron entre su frontera y Colombia, un aumento de 5.800 % en comparación con el mismo período de 2021. Mientras tanto, en México, según datos del Ministerio de la Interior, entre febrero y agosto de 2022 hubo 33.159 detenciones de venezolanos, 3.200 % más que en igual período de 2021.
El 12 de octubre de 2022, los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron pública una política migratoria bilateral que ubica a la población venezolana entre las nacionalidades expulsadas a territorio mexicano bajo el Título 42. Esta medida, junto con el anuncio del programa de permiso humanitario limitado con requisitos de elegibilidad muy estrictos, obstaculiza el derecho de los venezolanos a solicitar protección internacional. La política entró en vigencia el 19 de octubre y aunque se estima que más de 7,000 personas han sido devueltas a México, la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha publicado rutas de apoyo humanitario o estatus migratorio regular para la población expulsada del país. Unidos, provocando incertidumbre, separación familiar, saturación de albergues de la sociedad civil,
La misión de investigación busca cubrir una parte de la frontera sur de México (Tapachula, Chiapas y Tapanatepec, Oaxaca) por ser los lugares donde se encuentra un número importante de mujeres venezolanas y sus familias ante la imposibilidad de regularizar su situación migratoria. situación, solicitando protección internacional, o transitando a los Estados Unidos. Además, el grupo se reunirá con organizaciones locales de la sociedad civil y albergues, así como con autoridades de inmigración y asilo de ambos estados
