En su conferencia magistral, la diputada Aleida Alavés Ruíz, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 64 Legislatura federal, urgió un cambio en la fiscalización y la rendición de cuentas, ya que el costo de la corrupción en México oscila entre el 5 y 10% del Producto Interno Bruto (dos billones de pesos, según la Organización de las Naciones Unidas), además de que el país está en números rojos en las variables de desarrollo internacional y es de los peor calificados en el combate a la corrupción por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Transparencia Internacional.
Destacó que en el Congreso federal se está trabajando en la construcción de una Ley General de Fiscalización, que permita, entre otras cosas, homologar criterios de las auditorías, y trabajar en las áreas de mayor vulnerabilidad al momento de auditar, como las contrataciones de adquisiciones y las obras públicas.
En su participación, el experto en transparencia y hacienda pública, José Luis Estrada Rodríguez, habló de la importancia de incluir en la nueva legislación a los ciudadanos y a las organizaciones civiles como mecanismos de vigilancia de los recursos públicos, para generar certeza jurídica y gobernabilidad.
En su intervención, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la 60 Legislatura del Congreso de Puebla, señaló que la responsabilidad de los legisladores es garantizar la protección de los recursos públicos y dar certeza sobre su fiscalización a la ciudadanía, para lo cual deben dar seguimiento a las normas en la materia y vigilar su cumplimiento.
La maestra en administración pública y especialista en recursos materiales, María del Rosario Ochoa Díaz, agregó que la auditoría forense tiene como objetivo la prevención e identificación de fraudes para emitir, ante la autoridad judicial, conceptos y opiniones de valor técnico que permitan actuar con mayor certeza en las investigaciones, por lo que destacó el uso de tecnologías de información e investigación acompañadas de una preparación especializada.
Al hablar de los retos del Sistema Nacional de Fiscalización, Dálida Cleotilde Acosta Pimentel, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, recalcó la necesidad de trabajar en políticas públicas que permitan una mayor coordinación entre los órganos fiscalizadores, así como en la construcción de mecanismos que den fluidez a la información entre ellos.
El próximo foro se realizará el 18 de octubre en el salón Benito Juárez del Poder Legislativo, además de que durante todo octubre los ciudadanos pueden entregar sus propuestas en las oficinas de la Comisión de Vigilancia, ubicadas en el Palacio Legislativo.
