Denuncian Ejidatarios de Santiago Tepetitlán, del municipio de San Martín de las Pirámides, acoso y represión por parte de la empresa ERMHER Construcciones, S.A. de C.V. relacionada con la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
Los denunciantes fueron apoyados por la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), para que en la capital del estado de México informaran que esta empresa lleva tiempo sobreexplotando una mina de piedra ubicada en su ejido, pasándose por el arco del triunfo el mandato judicial del Tribunal Unitario Agrario del 23 Distrito con sede en Texcoco, Estado de México.
Además señalaron que en las acciones en su contra personal de ERMHER han emprendido actos de intimidación: uno de ellos el pasado 5 de julio del año en curso, fueron golpeados por cerca de 60 personas quienes los desalojaron de manera violenta.
Otro acto de violencia fue el 21 de julio, donde de manera salvaje y violenta, arribaron al lugar alrededor de 45 individuos fuertemente armados, quienes rompieron la cerca que se ubicaba en el camino Maseca-Belem para sacar el material de la mina, ahí resulto herido de bala el ejidatario Eusebio Valentín Beltrán Zúñiga.
Cebe destacar que los campesinos señalaron como responsables de la agresión a agentes de la policía de investigación, de la fiscalía de Otumba y de Tecámac, quienes estaban acompañados por el apoderado de la empresa ERMHER, quien ahora intenta voltear las cosas acusando a los ejidatarios de ser los agresores, por lo que han sido citados ante la Fiscalía General del Estado de México, oficinas de Otumba, para declarar lo que a su derecho convenga.
Ante esta situación, anunciaron que mañana 8 de agosto realizarán una manifestación en la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata, para denunciar tal atrocidad.
Finalmente los campesinos exigieron el cese de las agresiones y acoso, remarcaron que no están en contra de la construcción del Nuevo AICM, sólo a favor de que las cosas se hagan bien, apegadas a la ley y con el consenso social de todas las comunidades afectadas.
