El punto de acuerdo aprobado exhorta también al Fiscal General de Justicia a iniciar de inmediato una investigación de los hechos probablemente constitutivos de delito, del destino y uso que el Gobierno del Estado de México le ha dado a ese sistema de barrera móvil y el quebranto generado a la hacienda pública estatal derivado de lo anterior.
De acuerdo con el legislador De la Cruz Pérez, los hechos descritos ocurrieron durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto, cuando era secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, y la empresa concesionaria Aleatica (antes OHL).
Previa dispensa del trámite de dictamen, el diputado del PRI, Juan Jaffet Millán Márquez expresó que el exhorto debería dirigirse al Secretario de Comunicaciones y no al titular del Ejecutivo estatal, por lo que pidió que se ajustara en esos términos ’para poder acompañarlo’.
Consideró también que afirmar que la compra del sistema de barrera móvil ’no era necesaria’ es un juicio de valor y un hecho que debe ser calificado por las instancias competentes, al igual que el ’supuesto quebranto patrimonial’ y pidió considerar el alcance de la Legislatura y su relación con los otros poderes del estado para no invadir esferas de actuación, respetar la autonomía de la Fiscalía y no ejercer como juzgador. La petición no procedió.
De la Cruz Pérez apuntó que la sociedad demanda transparencia en el asunto de las concesiones y que a ello están comprometidos los partidos de la coalición mayoritaria.
El legislador agregó que la adquisición del sistema de barrera móvil, realizada en parte con recursos de un crédito otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no se hizo directamente con el fabricante norteamericano (Barrier Systems, Inc.), sino con un intermediario constituido con posterioridad a la publicación de la convocatoria del procedimiento de licitación del Viaducto Bicentenario, con una denominación casi idéntica a la del fabricante norteamericano (Operadora Barrier Systems de México, S.A. de C.V), de modo que pareciera que estaba vinculada con éste. El fabricante norteamericano no reconoce (públicamente al menos) que el intermediario sea o fuera su representante o subsidiaria.
Conforme al documento avalado, con información pública difundida por la matriz del fabricante norteamericano en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Valores de los Estados Unidos de América, ’la Operadora pagó al fabricante norteamericano aproximadamente 250 millones de pesos en 2009. No obstante, el Gobierno del Estado de México permitió que Aleatica registrara la compra del sistema de barrera móvil como inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por un monto de 485.4 millones de pesos, con lo que ilegal e indebidamente se trasladó el costo ’infladísimo’ de este innecesario sistema a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense e, indirectamente, al Estado de México’.
Este ’sobreprecio injustificado’, enfatizó el legislador, podría constituir el pago de un soborno por la adjudicación del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, pagado por conducto de una sociedad en la que participa como accionista y administrador una persona con vínculos muy estrechos de amistad y parentesco religioso con el entonces gobernador Peña Nieto, cuyo costo es ilegalmente transferido a los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense a través del incremento de tarifas y la ampliación de plazo de la vigencia de la concesión
El exhorto también llama a explicar las razones por las cuales se adjudicó la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aleatica, a pesar de que existía por lo menos una propuesta de otro participante que era notoria y considerablemente mejor y más conveniente para el estado.
Asimismo, llama a responder cuál es el monto registrado como inversión de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. en el Circuito Exterior Mexiquense, derivado de la compra del sistema de barrera móvil; cuál es el monto del rendimiento que le ha generado esa inversión a Concesionaria Mexiquense al 31 de diciembre de 2018, y si el sistema de barrera móvil fue adquirido con recursos propios de Aleatica o de Concesionaria Mexiquense o con recursos derivados de financiamientos.
Complementariamente el exhorto pide exponer las razones por las cuales el Gobierno del Estado de México no ha iniciado una investigación en relación con la compra de un sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, con un sobreprecio injustificado, a pesar de que ese sistema no era necesario ni en el Circuito Exterior Mexiquense ni en el Viaducto Bicentenario.
