El pasado 11 de julio el gobierno guatemalteco anunció que el presidente Jimmy Morales se reunirá el próximo lunes con el gobierno de Estados Unidos (EUA) para tocar temas de seguridad, migración y economía, por lo que se teme que ambos países firmen un acuerdo de tercer país seguro, lo que se traduciría en que las personas que hayan pasado por Guatemala, en su camino hacia EUA, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos, sino en territorio guatemalteco.
Guatemala no califica como un país seguro para personas buscando protección internacional debido a que no puede garantizar la seguridad de la población y tiene un sistema de asilo con poca capacidad. Además, está dentro de los primeros cinco países de la región con mayor índice de violencia; y entre 2014 y 2017 apenas reconoció a 225 personas como refugiadas. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Guatemala es el segundo país del ’Triángulo Norte’ con mayor cantidad de solicitudes de asilo registradas en EUA, por lo cual resulta evidente que este país no puede ser reconocido como un país preparado para garantizar los derechos de las personas en busca de protección. Firmar un acuerdo de esa naturaleza representa un grave riesgo para las personas migrantes y solicitantes de asilo, pues viola las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala y EUA.
Apoyamos las declaraciones del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, quien considera que convertir a Guatemala en un tercer país seguro sería perjudicial, dada la precariedad institucional del Estado, las condiciones de exclusión, severa pobreza, desnutrición, desempleo, conflictividad social e inseguridad pública, incluyendo la expansión de redes criminales; admitir la calificación de tercer país seguro se constituiría en fuente de violaciones masivas de derechos humanos. Al tiempo que ha reiterado que debido a que no son un país seguro, sus propios connacionales salen buscando sobrevivir en otro país, por lo que catalogarlo como tercer país seguro no responde a la realidad de Guatemala.
Alertamos a la población de Guatemala y a la comunidad internacional para que se oponga a la firma de este acuerdo. Tenemos conocimiento de que varias personas y ex funcionarios han presentado un amparo en contra del presidente Jimmy Morales, la canciller Sandra Jovel y el ministro de gobernación Enrique Degenhart frente a la posibilidad de la firma de este acuerdo. En dichos amparos se solicita a la Corte Constitucional, decretar amparo provisional ordenando al Presidente de la República que, en tanto se resuelva el procedimiento de amparo, se abstenga de realizar unilateralmente cualquier acto con los Estados Unidos de América, México, El Salvador u Honduras respecto a las migraciones irregulares que pueda vincular a Guatemala, sin antes haber sido aprobado por el Congreso de la República de Guatemala.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, instamos al poder judicial de Guatemala para que pueda resolver con la mayor prontitud dichos amparos, evaluando las condiciones reales que enfrenta su país, así como los compromisos internacionales que se han contraído para las poblaciones solicitantes de asilo y con necesidad de protección internacional.
Instamos también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos para que intercedan ante dichos países, a fin de que no se violen los tratados internacionales que tanto Guatemala como Estados Unidos han ratificado.
En comunicaciones pasadas las organizaciones no gubernamentales hemos denunciado este tipo de acuerdos, que afectan a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de la región. Reiteramos nuestra preocupación por las graves consecuencias que estas medidas tendrían en los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo o con necesidades de protección internacional.
